Buenos Aires, 16 enero (NA) -- La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) elevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportes técnicos y consultas para la reglamentación del nuevo régimen de Inocencia Fiscal, especialmente en lo vinculado a la modalidad simplificada para personas humanas. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en el documento técnico, que lleva la firma del presidente de FACPCE, José Simonella, y de la secretaria de la entidad, Patricia Sánchez Ruíz, se solicitaron precisiones sobre los siguientes aspectos de la normativa:
• Períodos fiscales a considerar: se pide aclarar qué años deben tomarse para verificar el cumplimiento de los topes. • Valuación de bienes: se consulta qué criterios y normas se aplican para valorar el patrimonio. • Condición de residente en el país: se solicita definir cuándo debe verificarse la residencia fiscal. • Exclusiones de la modalidad simplificada: se requiere precisar el alcance de las exclusiones previstas por la norma. • Rentas de fuente extranjera: se consulta qué ingresos del exterior se incluyen y cómo computar impuestos pagados fuera del país. • Rentas presuntas: se pregunta si deben incorporarse ciertos ingresos estimados por ley para determinar el total. • Rentas exentas o no gravadas: se pide aclarar si se incluyen en la declaración o solo las rentas gravadas. • Vigencia de los beneficios: se solicita precisar desde qué períodos resultan aplicables los beneficios establecidos. • Efecto liberatorio del pago: se consulta en qué casos el pago libera obligaciones, incluso con planes vigentes. • Presunción de exactitud e incremento patrimonial no justificado: se pide definir cómo se detectarán discrepancias relevantes. • Contribuyentes adheridos al monotributo: se solicita aclarar la situación de quienes están en monotributo y a la vez alcanzados por ganancias. • Saldos a favor: se consulta si pueden compensarse con otros saldos impositivos disponibles. • Patrimonio de explotaciones unipersonales: se pide precisar cómo se considera el patrimonio afectado a la actividad. • Alcance de la “aceptación del contenido” de la declaración jurada: se solicita aclarar qué implica esa aceptación respecto de datos y ajustes. • Información que ARCA pondrá a disposición en la DDJJ predeterminada: se propone qué datos debería incluir para brindar transparencia al contribuyente. • Multas por infracciones formales: se sugiere un criterio proporcional y segmentado según tipo de contribuyente e incumplimiento. • Cómputo de la prescripción: se requiere definir qué plazo aplica y desde cuándo se cuenta en cada caso. • Principio de ley penal más benigna: se solicita aclarar si se aplicará el criterio de forma directa o mediante norma específica.
